-Pasto-
Este miércoles llego al Congreso un proyecto de ley que busca actualizar la contratación pública con la intención de combatir los elefantes públicos, que año a año, dejan un hueco fiscal de hasta $50 billones. Sin embargo, uno de los puntos claves del proyecto será la ampliación y facilitación de organizaciones sociales, como las Juntas de Acción Comunal, participar en este tipo de proyectos.
Se trata de un proyecto de origen oficialista, con la firma, entre otros, de la representante Olga Lucía Velásquez (del ala petrista de Alianza Verde) y la senadora Aída Avella (Unión Patriótica, que pertenece al Pacto Histórico).
Como objeto del proyecto está la modificación de 45 artículos de la Ley 80 de 1993, que es la que define la contratación estatal. “El objetivo es claro: prevenir la corrupción, priorizar la eficiencia y garantizar que los recursos públicos se usen bien y para la gente”, señala la presentación de la propuesta.
Uno de los puntos claves será establecer que “el Estado debe ejecutar las obras y prestar los servicios primero, dejando la contratación privada como última opción”. Además, indica que “el Estado deberá propender por la compra de maquinaria y la adquisición de materiales e insumos necesarios para llevar a cabo las obras y servicios públicos con sus propios recursos”.
Además, permitirá facilitar que las mencionadas JAC, así como cabildos indígenas, consejos comunitarios, alianzas público-populares y organizaciones de comunidades negras, afrocolombianas raizales y palenqueras, celebren este tipo de contratos. Así, se promovería “la inclusión y reduciría la burocracia, permitiendo que las comunidades y organizaciones sociales gestionen directamente proyectos que atienden sus propias necesidades”.
El proyecto también buscará sanciones mayores, elevando las multas económicas pasando de 20 a 50 salarios mínimos mensuales hasta 200 salarios mínimos mensuales. También amplía la inhabilidad para ejercer funciones públicas hasta 12 años.
No se trata de un asunto menor, toda vez que el gobierno del presidente Gustavo Petro ha buscado ampliar los contratos celebrados con las JAC para proyectos como vías terciarias en varias zonas del país. De hecho, en agosto del año pasado, el jefe de Estado firmó el decreto 0874 de 2024 que dio vía libre a las entidades estatales para contratar hasta por mínima cuantía con personas naturales y entidades sin ánimo de lucro. En 2023 también creó el Instituto Nacional de Vías Regionales (Invir).
En todo caso, en octubre la Corte Constitucional tumbó parte del decreto de 2023, el que creó el Invir, al controlar la contratación de manera directa sin límite de cuantía. Esto, en todo caso, no significa que no se pueda contratar.